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Cooperación

La inclusión social, motor de desarrollo

Carlos Susías. Presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español

En seis pilares se apoya la acción hacia la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Una Sanidad pública, gratuita y universal, como instrumento fundamental para evitar el empobrecimiento personal y familiar. La Vivienda como espacio vital digno y accesible para las personas y las familias, es decir, lo contrario a hacinamiento residencial, infravivienda, chabolismo y sin hogarismo. Servicios sociales como derechos de ciudadanía, qué contemplen la atención a la dependencia y el desarrollo comunitario. Educación como instrumento para romper la transmisión inter-generacional de la pobreza. Garantía de rentas, que incluya los ingresos procedentes del trabajo, el sistema de pensiones y el sistema de rentas mínimas y Políticas económicas y fiscales.

El trabajo es el instrumento integrador por excelencia, pero, para que cumpla dicha misión integradora ha de ser de calidad, para ello hace falta una adecuada regulación de las relaciones laborales y el salario mínimo. Mientras esto se alcance, podemos seguir fabulando con la idea del pleno empleo. De hecho, esa es la base de nuestro actual sistema de integración social y del estado del bienestar.

El sistema de pensiones es una herramienta de integración de primer orden para las personas que ya no están en edad de trabajar, pero tiene que afrontar varios retos: las pensiones no contributivas que en gran medida, están bajo el umbral de la pobreza y la sostenibilidad del sistema vinculada a políticas de natalidad, apoyo a las familias, conciliación y al tipo de empleo que se genere. Es conveniente señalar que cuanto peor estuviesen las pensiones mayor gasto sanitario habría.

Para prever las barreras de acceso, las diferencias entre comunidades autónomas, la importabilidad, etc, es necesario un sistema estatal de rentas mínimas y además, que cuente con dos ramas, una vinculada a la ausencia de ingresos de las personas y familias, y otra como sistema de prestaciones por hijo, atendiendo a los niveles de renta. En casos de necesidad deben contemplarse, así mismo, ayudas al alquiler porque si no se iría toda la renta en ese concepto. Y si el mercado laboral no funciona, habría que hablar de rentas básicas, más que de rentas mínimas.

Políticas económicas y fiscales: no hay sistema de protección social en el mundo que pueda ser eficiente si las políticas económicas generan una permanente acumulación de personas en situación de pobreza y exclusión social e incentivan la desigualdad; y tampoco sin unas políticas fiscales justas y redistributivas.

Las políticas económicas y fiscales son parte esencial de la estrategia de lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y deben tener un enfoque de justicia social. Son necesarias leyes laborales, regulación del salario mínimo, ley de segunda oportunidad, leyes hipotecarias…

Es preciso un sistema fiscal eficiente equitativo y justo. La política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los mecanismos con los que cuenta el Estado para poder paliar la desigualdad que genere el sistema económico. Para ello es preciso dotar al sistema fiscal de mayor progresividad, dotando de más peso a la imposición directa frente a la indirecta, Igualando el tratamiento de rentas de trabajo y capital y limitando incentivos y deducciones del impuesto de sociedades.

Detrás de todos estos planteamientos instrumentales están las personas que viven en sociedad y que en ocasiones se sienten vulnerables, indefensas, ignoradas. Lo expuesto hay que establecerlo por justicia social, por equidad y por interés económico de todos. Y hay que hacerlo si queremos seguir viviendo en democracia.

Nada es posible sin un mayor reconocimiento de derechos de ciudadanía y sociales. Mirando a Europa vemos cuan diferentes son las exigencias de cumplimiento de los compromisos de ajuste fiscal y aquellas referidas al bienestar de las personas. Las unas son de obligado cumplimiento, aunque no se cumplan. Las otras pocas veces llegan más allá de una nota de queja.

Qué las personas vean una Unión Europea con un claro interés por el bienestar.

Bajo las cifras hay sufrimiento. Situaciones muy problemáticas que padecen las personas empobrecidas. Los informes de vulnerabilidad de Caritas y Cruz Roja muestran los procesos de deterioro en nuestro país. No tenemos un problema de conocimiento de lo que ocurre, otra cosa es que no nos queramos dar por enterados.

Proponemos que cualquier estrategia de inclusión social la debamos afrontar desde tres claves. Reconocer que las personas no solo son una carga sino que pueden aportar a la comunidad de diferentes maneras, desde el empleo, si es digno, desde el voluntariado, desde la ciudadanía activa, desde la participación en la vida socio-comunitaria.

Es indispensable poner el foco en la atención a las personas y ver como se garantizan sus derechos y deberes por el mero hecho de ser ciudadanos. Facilitar procesos de inclusión desde el desarrollo comunitario, donde además de garantizar las condiciones básicas para una vida digna, alimentación, alojamiento, vestido… se favorezca la participación en la vida comunitaria facilitando la interacción con la comunidad, el vecindario y el entorno. Enfocar, en fin, los servicios en el trabajo centrado en las personas, acentuando más sus posibilidades que sus carencias, constatando que la inclusión social es motor de desarrollo y no su consecuencia.

Para ello, el Tercer sector ha de tener y dejar clara la responsabilidad pública en la garantía de derechos y la justicia social. La solidaridad de las ONG no debe sustituir la responsabilidad de la administración ni de las políticas públicas. Es preciso compaginar la atención a las personas y la prestación de servicio con la reivindicación social, sin relegar las necesidades materiales y personales inmediatas de aquellos a los que atendemos en pro de debates sobre modelos e ideales de sociedad.

El tercer sector, como sociedad civil articulada que se ocupa de las personas, es una escuela de ciudadanía y participación social. Se debe facilitar, pues, su labor desarrollando leyes del tercer sector y del voluntariado con planes de sostenibilidad, gobernanza e interlocución en un marco financiero estable que garantice los programas que se están llevando a cabo por todo el Estado, y que multiplique, con visión global, los recursos para aumentar la capilaridad a más organizaciones sociales : financiación y seguridad jurídica a nivel estatal y autonómico como impulso a la implicación de la sociedad en su propia convivencia.